Información sobre la situación del proceso a la cúpula policial por los hechos de la Díaz.

La verdad histórica, en lo esencial, està ya escrita.
La irrupción en la Escuela Díaz la decidió la cúpula más alta de la
policía presente en Génova para el G8 en una reunión que se celebró la
tarde del día 21 de julio después de dos días de enfrentamientos con un
muerto, centenares de heridos y pocos arrestos en el despacho del
Capitán Colucci.
Esta reunión la presidió el prefecto Arnaldo La Barbera, jefe de la
policía de prevención llegado auqella misma tarde de Roma. Estaban
presentes Gratteri (Jefe de la Sco), Calderozzi (el segundo de a bordo).
Murgolo (Vicecapitán de Bologna), Mortola (el Jefe de la Digos de
Génova) y a partir de las 22'30 también se incorporó a la reunión
Canterini (jefe del reparto mobile de Roma). Todos estos funcionarios se
reencontrarían en la Escuela: la voz de via libre la dió Gianni De
Gennaro por teléfono.
Más que un registro, que de hecho no se hizo, lo que fue decidido hacer
fue una redada. Querían efectuar el máximo número de arrestos para
afrontar un balance desastroso para las fuerzas del Orden Público. Se
sabe que el subcomandante de la Policía, prefetto Ansoino
Andreassi,manifestó su extrañeza y no participó en la reunión operativa.
Del resto, enviando a La Barbera a Genova, Da Gennaro le había
prácticamente retirado la confianza.
Queda por clarificar la razón por la cual recurrieron a los 70 hombres
del núcleo especial del reparto mobile (ex celere) de Roma y la
increíble crueldad de la irrupción en la cual tomaron parte decenas de
policías de uniforme y de paisano que pertenecían a otros cuerpos.

La operación, oficialmente justificada con la excusa de que un coche de
la policía había sido golpeado, concluyó con un balance de 61 heridos de
los 93 manifestantes que se encontraban en la Escuela en aquellos
momentos, que en su mayor parte dormían y que, según el decreto de
archivo de la acusación no tenían más cargos que los de haber cerrado la
cancela y la puerta (que fue derribada) sin oponer ninguna resitencia
significativa. Las 93 personas fueron arrestadas por asociación de
delincuentes cuando terminó la devastación y el saqueo en base a las
declaraciones de registro y secuestro que atestiguaban el hallazgo de
armas prohibidas y de dos cócteles Molotov pero los jueves genoveses no
refrendaron los arrestos.
Los jefes de la acusación.
La audiencia preliminar que se abrió el sábado 26 de junio de 2004 por
la incursión y las pruebas falsas en la Escuela Díaz hace temblar al
Viminale.
Entre los 29 imputados hay hombres muy cercanos al jefe de la policía,
como Francesco Gratteri, ascendido a la dirección de la lucha
antiterrorista justo a tiempo para ser presentado como el castigador de
las nuevas Brigadas Rojas; dirigentes de primera categoría como el jefe
de los analistas de la policía de prevención, Gianni Luperi (coordinador
de las fuerzas europeas que investigan los anarquistas); investigadores
como Gilberto Calderozzi (ex hombre de confianza de Gratteri en la Sco),
Filippo Ferri (de la Squadra Mobile en La Spezia que participó en las
investigaciones sobre el homicidio Biagi) y Fabio Ciccimarra (imputado
igualmente en Napoles por la actuación violenta contra los arrestados en
la comisaría Raniero)
Se trata de funcionarios que tienen decenas de agentes a su cargo y que
, a excepción de Luperi, vienen todos del mundo de las Squadre Mobile y
de la lucha contra el crmen común y organizado, comenzando por Gratteri
y siguiendo por De Gennaro. Deben responder de falsedades y calumnias,
fundamentalmente por el asunto de los dos cócteles Molotov falsos junto
con otros firmantes de las declaraciones de la Díaz. Desde Mortola al
vicequestore Massimiliano Di Bernardini (núcleo antirrobos, squadra
mobile de Roma) al vicequestore Pietro Troiani y al ex-policia Alberto
Burgio, que manejaron las dos botellas aquellas antes de que terminaran
en las manos de los jefes, escena que fue captada en el patio por una
telecámara providencialmente.
Por la irrupción en la Díaz están imputados por lesiones personales
Vincenzo Canterini, Michelangelo Fournier (el segundo hombre al mando
del reparto mobile di Roma) y los ocho jefes de escuadra (Fabrizio
Basili, Ciro Tucci, Carlo Lucaroni, Emiliano Zaccaria, Angelo Cenni,
Fabrizio Ledoti, Pietro Stranieri y Vincenzo Compagnone). Las imágenes,
las declaraciones de gratteri ante la comisión parlamentaria y la misma
relación de servicio del jefe de escuadra se enlazan con las acusaciones
de maltrat que en algunos casos han podido reconocer y que indican que
los setenta celerini romanos, todos de la división especial
antidisturbios creado antes del G8, entraron los primeros pero que en la
incursión tomaron parte decenas de policías de uniforme y de paisano qe
nunca han sido identificados. Por ello, la Questura ha pedido el archivo
de las acusaciones contra los agentes de a pie de Canterini.
Un último grupo de funcionarios y agentes debe responder a las
acusaciones de registro arbitrario, daños, hurtos y lesiones personales
por la irrupción en la Escuela delante de la Díaz, la Pascoli, que era
donde estaba sito el Centro de Medios del Foro Social de Génova.
Ordenadores destruídos, discos duros robados, material secuestrado.
Los mputados son Salvatore Gava, jefe de la mobile de Nuoro, el
napolitano Alfredo Fabbroncini y el "mobiliere" romano Luigi Fazio, este
último acusado asimismo de robo a un joven alemán. Durante la audiencia
ante la comisión parlamentaria de nvestigación sobre el G8, Gratteri
asumió la responsabilidad de cuanto sucedió en la Pascoli porque fue el
que dió las órdenes de entrar también allí.
La investigación

La vista sobre la irrupción en la Díaz comenzó cuando los jueces
genoveses, después de haber escuchado a los arrestados, no quisieron
confirmar los arrestos ni trasladar los hechos a la fiscalía de la
Reppublica
Simultáneamente, De Gennaro se vió obligado a nombrar a tres
super-inspectores para otras tantas rapidísimas iventisgaciones
adminsitrativas internas: una sobre los incidentes de las
manifestaciones, otra sobre las torturas en la comisaría de Bolzaneto y
otra sobre la Díaz, esta última al cargo del questore (hoy ascendido a
prefecto) Giuseppe Micalizio. En pocos días Giuseppe Micalizio llegó a
la conclusión que la operación había estado mal organizada y que había
habido violencia injustificada.
La consecuencia de sus conclusiones fueron tres relevos de cargo de
peso. Fueron retirados de sus cargos el vicecapo vicario de la policía
Ansoino Andreassi, el número uno del antiterrorismo Arnaldo Barbera y el
questore Francesco Colucci (prácticamente todos aquellosque aquella
noche se habían declarado contrarios a la irrupción en la escuela),
mientras que para Canterini se proponía la destitución (apartarlo
definitivamente del cuerpo) de su cargo de policía del estado.
Rápidamente después de aquello De Gennaro, La Barbera, Gratteri y el
mismo Canterini comparecieron ante los parlamentarios del comité de
investigación sobre el G8: poco o nada respecto a aquello que
descubrieron los magistrados pero suficiente para ver al jefe de la
policía en dificultades. Gratteri, que sin embargo defiende a capa y
espada el montaje operativo (los registros no se hicieron con guantes!)
e La Barbera y Canterini que disputaron públicamente, el primero
afirmando que había desaconsejado el blitz sin haber sido escuchado por
el segundo. Les dijeron: nosotros pasamos la mano que no es cuestión...
Sin embargo, para la fiscalía de la República ésto no bastó para acusar
a todos los funcionarios implicados en el blitz.
Para empezar, ni en julio ni en agosto de 2001 ninguno fue inscrito en
el reistro de los indagados, como mucho los policías pudieron ser
escuchados como testigos. Comenzó de repente el brazo de hierro entre el
fiscal jefe Francesco Meloni, respaldado por el adjunto Francesco Lalla
que ocupará su puesto en el 2003 y los sustitutos que se ocupan
directamente del caso, Enrico Zucca y Francesco Pinto a los cuales se
unieron Francesco Cardona Albini, Monica Parentini, Stefania Petruziello
y Vittorio Ranieri Miniati.
Comienza el obstrusionismo por parte de la policía: hoy en día todavía
no existe una lista completa de los 270 policías que tomaron parte en el
blitz. Y ha llevado meses la identificación de los 14 firmantes de las
declaraciones verbales: más bien trece porque la firma número catorce
permanecerá ilegible para siempre. Algunos meses después, sin embargo,
Canterini y todo el resto fueron procesados por colaboración en lesiones
personales.
Una auténtica revelación en noviembre de 2001.
El PM reveló que Pasquale Guaglione, vicequestore en Gravina di Puglia
(Bari) y en servicio en Génova durante el G8 había declarado que había
dado a la policía dos cócteles Molotov encontrados en Corso Italia
durante la tarde del 21 de julio. El listo de Guaglione lo había escrito
en el informe del servicio, aunque faltaba la declaración del secuestro
de las dos bombas, consideradas armas de guerra. Ante la ausencia de
esta declaración verbal los PM Pinto y Zucca, que habían decidido hacer
interrogar a Guaglione a través de una rogatoria a la fiscalía de Bari
utilizando un pequeño truco de investigación. Al funcionario le fue
mostrada los cócteles secuestrados en la Díaz sin decirle que eran los
de la escuela y preguntándole si eran los que había encontrado en Corso
Italia.
Guaglione los identificó enseguida como los que fueron descubiertos por
su patrulla porque recordaba la etiqueta de los conocidos vinos. Otro
detalle: Guaglione contó al PM que ni siquiera se los entregó a
cualquiera sino al dirigente Valerio Donnini, que estaba en Génova en
calidad de responsable de todas las fuerzas y era el responsable del
núcleo de antidisturbios que entraron en la Díaz. El q uestore, durante
la reunión con La Barbera, también llamó a Donnini para movilizar a
aquel núcleo para entrar en la Escuela. Y en el mismo jeep Magnum de
Donnini, conducido por el agente Antonio Burgio y llevando a bordo al
vicequestore Pietro Troiani, las dos botellas incendiarias terminaron en
la Díaz. El PM lo supo a través del conductor que era el mismo de Corso
Italia, un jovencito que se ha declarado arrepentido de aquello que le
hicieron hacer y por ello ha salido de la policía donde nunca se vería
libre del calificativo de infame.

En mayo de 2002 los PM recibieron el dictámen pericial del RIS (Grupo de
investigación Científica de los Carabinieri) sobre la protección
antibalas de Nucera, el cual había declarado haber recibido una puñalada
de un manifestante durante la irrupción en la Díaz. En el relato del
Coronel Garofano, página 16, se lee que las pruebas experimentales de
cortes efectuadas habían demostrado en todos los casos, al contrario de
lo que se había declarado en los informes, un alineamiento casi perfecto
entre las marcas presentes en el chaleco antibala y aquellas producidas
en los protectores de la espalda. Por el contrario, los carabinieri
escribieron en la página 19 que los cortes en el chaleco no estaban
alineados con los de la espalda. Por tanto, existe una incompatibilidad
evidente entre los cortes existentes en la ropa y los obtenidos
experimentalmente según las dinámicas que habían sido posibles deducir
de las declaraciones de Nucera.
El agente Nucera lo único que podía hacer llegado a este punto era
cambiar su versión: el 7 de octubre de 2002, quince meses después de los
hechos, dirá que la cuchillada no fue una sola (como había afirmado de
forma clarísima dos veces, la primera en la declaración de servicio y
después delante de los PM que lo escuchaban como demanadante) sino que
en realidad habían sido dos.
Después, con los procedimientos de prueba, intervendrá un segundo exámen
pericial confiado por el juez al doctor Carlo Torre, que ya había
dirigido las investigaciones sobre el homicidio de Carlo Giuliani
sugiriendo la tesis de la patada asesina que habría deformado y desviado
el proyectil del carabinieri Mario Placanica: a juicio del Doctor Torre
el segundo relato de Nucera es compatible con los cortes denunciados
sobre el chaleco y el escudo. Para los peritos de las personas heridas
las prendas presentaban cortes que hacían pensar al menos en 4 golpes
diferentes.
Pero el centro de las investigaciones sigue siendo e asunto de las dos
botellas incendiarias. En junio de 2002 los PM analizaron detalladamente
un video del genovés Primocanale que muestra un grupo de los
funcioanrios con la graduación más alta con la bolsa azul que contenía
las dos botellas en el patio de la Escuela Díaz.
Un golpe
Así se puede entender en qué manos han terminado las dos botellas
llevadas hasta allí por Burgio por orden de Troiani. El video muestra a
Luperi, Caldarozzi, Murgolo, Gratteri, Canterini alrededor de la bolsa
azul y pasa de allítambién a Barbera: ninguno de ellos, hasta aquel
momento había admitido haber visto los molotovs en el patio. Como mucho
los habían visto en momentos posteriores y siempre sin la bolsa.
El 31 de julio los PM se hiciron repetir las declaraciones, después
apagaron las luces y mostraron el video a los incausados. Luperi,
después de haber presenciado aquella escena se queda sin palabras, desde
aquel momento se niega a responder. Gratteri si responde pero arremete
contra Cantieri, según la linea de defensa pactada con De Gennaro. Pero
sale del Palacio de Justicia negro de rabia. Sabe que no podrá evitar la
petición de declaración en el juicio. El único que se salva es Murgolo,
el ex-vicequestore de Bologna que hoy dirige el servicio secreto
militar, il Sisimi. Los PM pidieron el archivo de su caso porque Murgolo
estaba allí solo para representar al prefetto Andreassi y así permanecía
fuera de las dos cadenas de mando identificadas en la investigación: la
de los hombres de la squadra mobile dirigida por los jefes de ls Sco
Gratteri y Calderozzi y la de los hombres de la Digos que tenía como
jefes a los mandos de la polizia de prevenzione La Barbera y Luperi.
Todos ellos evitaron las acusaciones respecto a la irrupción porque
pudieron demostrar a los PM que llegaron allí después de haber comenzado.
Los interrogatorios aclararon que los moltovs llegaron al patio porque
los llevó Bugio hasta allí siguiendo las órdenes de Troiani que a día de
hoy todavía no se sabe lo que hacía allí. Oficialmente no estaba entre
los participantes del registro y parece como si hubiera aparecido en una
fiesta. Según Troiani, asistido por el abogado Alfredo Biondi ex
ministro de Justicia, las dos botellas terminaron en manos de su
compañero Massimiliano Di Bernardini, vicequestore adjunto al jefe del
nucleo antirapine de la squadra mobile de Roma. Di Bernardini, en
cambio, niega haberlas cogido y admite solamente haberlas visto en el
patio en manos de otros. Los dos has mantenido versiones diferentes como
si la policía hubiera hecho todo poniéndose de acuerdo: cuando se le
notificó a Troiani la comparecencia ante los PM genoveses, la questura
de Roma también proporcionó el número de móvil de Di Bernardino.
Sin embargo se acepta que las botellas llegaron a Calderozzi, vice de
Grattieri de los Sco y, por tanto, superior directo de Di Bernardini (en
la Díaz los hombres de la squadra mobile dependían de Gratteri y de
Caldarozzi). Y Calderozzi en efecto aparece en el video del patio.
Naturalemente, todos los acusados se defienden sosteniendo que no han
tomado parte en ninguna conspiración de calumnias. También se esfuerzan
en sostener que ninguno de ellos, aunque todos son expertos
investigadores, se informaron sobre el origen exacto de aquellas armas
de guerra. ¿Dónde fueron encontradas?, ¿quien las encontró?. Ni en las
declaraciones verbales, escritas por Ciccimarra y Ferri y firmadas
también por Caldarozzi se lee que las botellas se llevaron de nuevo al
interior de la Escuela, en el gimnasio que había en la planta baja de
forma que estuvieran a disposición de los 93 ocupantes arrestados. Y
esta información, al término de las investigaciones resulta falsa y
calumniosa. Sin embargo no es la única, Las actas indican trancas, armas impropias, en lugar de las varillas de refuerzo de las mochilas y un rico catálogo de otros objetos adecuados para atacar y sacados del vestuario de teatro en un almacén que había estado cerrado hasta que la policía llegó.
Il proceso, si la jueza Daniela Faraggi decidiera su apertura, se realizará sobre estas bases. En sus declaraciones ante el tribunal
Gratteri y los otros deben explicar que eran allí pero que no se
acuerdan de las falsedades y las calumnias. Sin embargo si se acuerdan,
en calidad de oficiales públicos tienen la obligación jurídica de
impedirlas y, si no lo hacen, la ley les considera culpables co el mismo
tipo de responsabilidad material (artículo 40, segundo párrafo, código
penal). Será un proceso basado en indicios, como tants otros, pero
construído sobre materiales un poco más sólidos que algunas llamadas de
teléfono que quizá les puede acarrear una acusación de banda armada en
una de las tantas investigaciones firmadas por estos señores.