La sevicia con que asesinan los narcoparamilitares demuestra que contrario a lo planteado por sus justificadores, son asesinos instrumentos del estado colombiano. 8.790 víctimas en 2 años y tres meses de gobierno de Uribe Vélez, muestra su verdadera faz. Uribe pretende convertir los ‘paras’ de instrumentos a organizaciones dentro del establecimiento con su propuesta de partido de extrema derecha narcofascista, escribe Allenda La Paz.
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uccisi due giovani de 14 e 19 anni
http://colombia.indymedia.org/news/2005/05/25804.php
attentano contro dirigente sindicale
http://colombia.indymedia.org/news/2005/05/25868.php
polizia embriago uccide uno pasante ,popooo incazzaro atacca
il comisariato .
http://colombia.indymedia.org/news/2005/05/25954.php
Colombia: minacce di morte contro un attivista italiano. Un appello da firmare
http://www.prensarural.org/apello20050512.htm
8.790 morti in due anni di governo di Uribe
Dice el ideólogo de los narcoparamilitares, Alfredo Rangel Suárez, que Colombia “no está madura para el perdón” (8 de abril de 2005), y días después nos quiere meter en el cerebro y la mente de los colombianos que los narcoparamilitaress son delincuentes políticos” que han cometido el “delito de sedición” (16 de mayo de 2005), ambos artículos publicados –no faltaba más!- por el diario vocero de la mafia de la Casa de Nariño, El Tiempo.
En el primer artículo, además de lanzar una andanada contra la Corte Penal Internacional (“La CPI no es el irresistible y omnipotente ángel vengador que nos pintan”), nos quiere convencer de que si no perdonamos a los narcoparamilitares, y el Congreso no aprueba “una ley a su gusto”, lo que se viene es más sangre, y hasta se atreve a amenazar al gobierno: “Las consecuencias de una ruptura podrían ser más graves de lo que se piensa. Hasta ahora los paramilitares han sido contrainsurgentes. Pero mañana, para presionar una negociación en condiciones más favorables, podrían actuar como una fuerza desestabilizadora y atacar violentamente instituciones y políticas del Gobierno”.
Cría cuervos, y…
Perdón equivalente a impunidad
La negociación del gobierno narcofascista de Uribe con los narcoparamilitares ha sido una tremenda farsa, un sainete. Es un arreglo entre compadres, es la aplicación de lo que el general Uscátegui planteó en el juicio por la masacre de Mapiripán: “Hagámonos pasito”, con lo cual quería mostrar el chantaje de que si se ponían demasiado duros contra él en el juicio, él podría sacar a la luz el entramado de las relaciones de la cúpula de las fuerzas militares con sus narcoparamilitares y quedarían al descubierto los otros verdaderos responsables.
Ahora el “hagámonos pasito” es utilizado por Rangel Suárez para convencernos de que los ‘pobres’ narcoparamilitares pueden ser forzados a seguir asesinando si no se aprueba una ley que les satisfaga, metiéndonos el embuchado de que “los 'paras' son sediciosos que en su lucha contra el proyecto político-militar insurgente impiden violentamente el normal funcionamiento de las instituciones”.
Hay que clarificar que los paramilitares nacen –más bien habría que hablar de su refundación como proyecto político-militar- por allá en 1981 del contubernio impúdico entre la cúpula de las fuerzas militares y el Cartel de Medellín, en el Magdalena Medio bajo la tutoría del general Farouk Yanini Díaz –hoy multimillonario por obra y gracia de la concesión que el Estado le otorgó a él y otros generales, de exploración petrolera, en premio por los miles de colombianos que han asesinado-, con la participación de 163 personas -63 oficiales del ejército en servicio activo, representantes de la Texas Petroleum Company y ganaderos y políticos de la región- y tal experimento lo extendieron a todo el territorio nacional, incluso con la movilización y transporte de los narcoparamilitares en aviones y helicópteros de la Fuerza Aérea Colombiana, como en el caso de Mapiripán.
El hoy presidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, es un miembro reconocido del Cartel de Medellín de “Don Pablo” Escobar Gaviria –primo hermano de César Gaviria Trujillo, qué “cosas tiene la vida”, jerto?- y las “negociaciones de paz” con los narcoparamilitares lo que pretende es perpetuar la impunidad de las miles de miles de masacres, asesinatos selectivos, desapariciones forzadas –en las cuales hacen uso de la motosierra- y los millones de desplazamientos forzados, así como la legalización de las fortunas obtenidas por medio del narcotráfico, la extorsión y la expoliación de las tierras de campesinos e indígenas.
La concentración de los narcoparamilitares en la zona de Ralito -resguardada y protegida por los militares- no ha significado el cese de hostilidades contra la población civil, no ha significado “una tregua”. Por el contrario, al amparo de Ralito los narcoparamilitares han sido llevados por los militares a diferentes partes del país para cometer asesinatos y masacres. Ello ha sido patente, sobre todo en la Costa Caribe.
En el año 2003, en Colombia fueron asesinadas 5.253 personas víctimas de masacres, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas, 80 % de ellas por las fuerzas narcoparamilitares, sin contar las ejecuciones societales (mendigos, punkeros, bandas juveniles, etc).
En el 2.004, con cifras incompletas por la persecución a defensores de derechos humanos y a poblaciones enteras, fueron asesinadas 2.500 personas en desapariciones forzadas y masacres, faltándonos datos de ejecuciones extrajudiciales.
En el 2.005, durante el primer trimestre, se produjeron 1.037 ejecuciones extrajudiciales y nos faltan datos de masacres y desapariciones forzadas. O sea, que durante este año las fuerzas militares-narcoparamilitares han privilegiado –hasta ahora- las ejecuciones extrajudiciales de sindicalistas, líderes populares, mujeres, niños y estudiantes.
En ese orden de ideas, se inscriben los intentos de ejecuciones de los dirigentes del Partido Comunista del Atlántico, Julio Lamboglia García, profesor jubilado de artes escénicas (queriendo asesinar hasta el arte popular) y del presidente de la USO en Cartagena, Jorge Ortega, quien salió ileso de un atentado cometido por sicarios que se movilizaban en una motocicleta.
Sevicia Vs Sedición
Todos los crímenes llevados a cabo durante la administración de la mafia de la Casa de Nariño –más de 8.790 víctimas de desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y masacres en 2 años y tres meses de gobierno- están en la más completa impunidad, como la están las de los anteriores gobiernos.
Lo que pretende el narcofascista Uribe Vélez es la más completa impunidad de los crímenes de sus socios y evitar, con el “hagámonos pasito” que plantean los ideólogos del narcoparamilitarismo, que se publiciten sus vínculos familiares y personales con el narcoparamilitarismo, amén que será el “caldo de cultivo” para el reciclaje y reutilización de sus socios narcoparamilitares en su proyecto de Partido Narcofascista de extrema derecha, para convertirlos de un instrumento del establecimiento a una organización dentro del establecimiento.
Impunidad que justifica Rangel Suárez cuando plantea en su “Al oído del Congreso” del 16 de mayo de 2.005 –hablándole a un Congreso con un 35 % de parlamentarios electos por los narcoparamilitares, y una mayoría clientelista comprada por la Casa de Nariño con nombramientos en el exterior y otras prebendas- cuando nos dice: “Habría que disminuir los niveles de castigo, reducir las exigencias de verdad, aclarar la reparación y aumentar la seguridad jurídica”, metiéndonos de paso el embuchado de que ”la condición de todo esto es reconocer que las conversaciones tienen el carácter de una negociación política en aras de la paz, lo que a su vez exige reconocer el carácter político de los paramilitares.”
8.790 víctimas de los narcoparamilitares desvirtuan su carácter pretendidamente sedicioso y lo que muestra es que todavía hoy son instrumentos utilizados por el Estado colombiano, por la mafia de la Casa de Nariño, para que ejecuten a sus contradictores políticos, a los dirigentes populares, y realicen masacres, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas con asqueante sevicia, es decir, son ”seviciosos” que utilizan la motosierra y los sicarios en moto, con el fin de lavar la faz inmunda del Narco-Terrorismo de Estado que se aplica en Colombia.
Ya lo dejó al desnudo el pretendido ”comandante” de los narcoparamilitares, Salvatore Mancuso, en el discurso famoso que le escribieron para que leyera en Santa Fé de Ralito: ”Hemos auxiliado al Estado en su lucha contra las guerrillas”. Nadie más que Mancuso ha develado que el conflicto político, social y armado que vive Colombia es entre el Estado y la Insurgencia Armada, que se ha convertido ésta en la única forma de hacer política de oposición en nuestro país.
Acomodamiento de la ONU
La comunidad internacional, léase países europeos, y organismos internacionales están sufriendo un peligroso proceso de acomodamiento y aceptación de los postulados de los funcionarios estatales colombianos.
Embajadores –pagados por Estados europeos- que justifican y avalan, por acción y/u omisión, la política de guerra sucia y narcoparamilitarismo de Uribe Vélez, así como pronunciamientos sin mayor evaluación por parte de funcionarios de la ONU, son una muestra de esta tendencia.
La Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Louise Arbour, da declaraciones en su visita a Colombia, en el sentido de que:"Mi oficina no entra a hacer una caracterización de los grupos armados ilegales. Si forman o no un grupo político aceptable. Mis recomendaciones están dirigidas a la necesidad de un cese de hostilidades de todos los que directamente participan de las hostilidades", las cuales son utilizados mediáticamente por parte de los voceros oficiosos de la mafia de la Casa de Nariño, El Tiempo, por ejemplo, para decir que “Para la oficina de Derechos Humanos de la ONU, no hay distinción entre guerrilleros y paramilitares” y soslayar la responsabilidad del estado colombiano en las violaciones de los derechos humanos.
En materias tan sensibles como los Derechos Humanos, sería preciso que los funcionarios internacionales encargados de tales oficinas, hicieran pronunciamientos claros que no dejaran margen a la interpretación tendenciosa en la que son expertos los funcionarios gubernamentales colombianos y sus voceros de oficio.
Casi 10 mil colombianos víctimas de desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y masacres, en 2 años y tres meses del gobierno narcoparamilitar de Uribe Vélez, exigen que los funcionarios encargados por los organismos internacionales de velar por la defensa de los derechos humanos, sean claros en condenar al Estado colombiano por sus violaciones y exigir la aceptación de su responsabilidad y no convertirse en altavoces de los asesinos del pueblo colombiano.
No quisiéramos ver a la ONU, ni a países europeos que respeto y quiero muchísimo, convertidos en cómplices, por acción u omisión, de estos crímenes, como lo han sido de los crímenes cometidos contra el pueblo de Irak por su acomodamiento ante los postulados de Estados Unidos. 250.000 irakíes lo muestran silenciosamente en sus tumbas, así como casi 10 mil colombianos…
http://www.anncol.org/side/1364
