EL TEMA DEL DOMINGO / OTRA VEZ LA VIOLENCIA: ESTA BAJO INVESTIGACION DEL GOBIERNO NACIONAL Y DE LA JUSTICIA Varios testigos declararon que hombres de Prefectura también dispararon. Los fiscales dicen que hay una "sospecha importante". Y en el Gobierno aseguran que "no descartamos nada".

Ahora hay fuertes sospechas sobre el papel de la Prefectura en los episodios del miércoles en Avellaneda que derivaron en el asesinato de dos militantes piqueteros.

A la responsabilidad que se le asigna a la Policía bonaerense en los crímenes de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán - fundada entre otras, en la secuencia gráfica de un fotógrafo de Clarín - al menos dos testigos - un hombre y una mujer - sumaron una declaración que compromete a la Prefectura. Según esos testigos la bala que mató a Kosteki habría salido de la línea que ocupaba la Prefectura en las inmediaciones de la estación Avellaneda del Ferrocarril Metropolitano.

Consultado por este diario, el secretario de Seguridad, Juan José Alvarez, de quien depende la Prefectura, admitió que la Justicia investiga cómo se sucedieron los hechos en el área de la estación a partir de esos testimonios. Habla Alvarez: "La Justicia investiga si también disparó la Prefectura. No descartamos nada".

Fuentes de la Fiscalía de Lomas de Zamora indicaron, en al menos tres consultas de Clarín, que hay "una sospecha importante" sobre el papel de la Prefectura basada en los testimonios y en un relevamiento del escenario. Pero las mismas fuentes dijeron que no tenían "ninguna evidencia" sobre responsabilidad de la Prefectura en las muertes.

El jefe de la Prefectura, Juan José Beltritti, admitió anoche que conocía la existencia de una "pseudodenuncia" que involucraba a su organismo. "Pero ninguno de mis hombres estaba cerca de donde estuvo la gente herida ni cerca de la estación Avellaneda".

La foto de esta página desmiente a Beltritti. El fotógrafo sorprendió a un grupo compacto de prefectos, a la derecha de otro de la Infantería bonaerense, del otro lado de la avenida Pavón, enfrente de la estación de tren. La imagen es de al menos diez cuadras del puente Pueyrredón, donde se originaron los incidentes y la Prefectura tenía autorización para actuar.

Hoy puede hablarse de un pésimo debut de los operativos entre las fuerzas de seguridad y la Policía bonaerense, un plan que tenía como ambición, además del mantenimiento de la paz social, la lucha contra la delincuencia.

En efecto, el miércoles se puso en marcha en el puente Pueyrredón el primer operativo conjunto entre las cuatro fuerzas (Policía Federal, Bonaerense, Prefectura y Gendarmería) para despejar los piquetes y garantizar la libre circulación hacia la Capital Federal.

La importancia de determinar la responsabilidad de la Prefectura en los hechos de Avellaneda supera incluso la del esclarecimiento de los dos crímenes. Involucra además al futuro de la política de seguridad del gobierno de Duhalde en un escenario social, como el argentino, de posguerra.

Hasta los episodios del miércoles, la política de seguridad del Gobierno era criticada desde la derecha por su rasgo "garantista", una característica que estuvo presente incluso en los episodios de desborde social que antecedieron a la asunción de Duhalde, en enero.

La decisión del Gobierno de ampliar el control de la protesta social mediante la prohibición de los cortes de rutas y puentes habla de un endurecimiento de su política de seguridad. Este, a su vez, de la posibilidad de que los sectores de menor tolerancia - entre los que militan algunos gobernadores - estén imponiéndose en el debate sobre cómo contener la protesta.

Un camino de ese análisis conduce a la teoría del complot que hablaba de una supuesta incentivación de la violencia por parte de sectores económicos y financieros ligados al menemismo.

Otra teoría manejada por el Gobierno en las primeras horas, y a la que le puso voz el ministro del Interior, Matzkin, insinuaba el surgimiento de una insurrección de izquierda, de la que la Coordinadora Aníbal Verón sería parte.

Este fue el resultado de un informe de la SIDE que fue evaluado en los más altos niveles del Gobierno, la tarde del miércoles en la quinta de Olivos.

Una muy buena fuente del Ejército consultada por este diario acompañó ese análisis. Advirtió sobre la posibilidad de un "enfrentamiento de mayor calibre", basado en lo que consideró dos evidencias: "la ruptura de la línea de negociación" entre el Gobierno y las organizaciones más radicalizadas y el hecho de que "las bases piqueteras, los núcleos más duros, habrían desbordado a sus dirigentes".

Hacia la tarde de ayer, había mucho para especular sobre las denuncias que alcanzan a la Prefectura. Como se dijo, involucran al Gobierno nacional, por tratarse de una fuerza federal. Pero, sobre todo, podían haber estado dirigidas a generar algún nivel de exculpación sobre las responsabilidades de la Bonaerense.

Hay un caldo muy grasoso en todo esto. En los análisis sobre los episodios de la estación Avellaneda se pasó de las ideas de los complots a las de la brutalidad policial. Paradójicamente, no parece haber responsabilidades políticas en ninguna de todas ellas.

Un dato sobre el comportamiento de la patrulla bonaerense, un movimiento al que Duhalde calificó de "cacería atroz".

Estremece adivinar que lo que hicieron en la estación Avellaneda el comisario Franchiotti y ese puñado de policías a su cargo, ante los ojos de todos el mundo, forme parte de la cotidianidad de la tarea de la Policía bonaerense.

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